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Informe gratuito · Actualizado en noviembre de 2026
Un resumen de dos páginas para empresas, despachos de abogados y particulares que necesitan que sus documentos jurídicos tengan validez en otro país. Explica qué distingue una traducción jurídica, una jurada y una certificada, cuándo entran en juego la apostilla o la legalización y cómo se mantiene coherente la terminología jurídica de un documento a otro.
Derecho tributario, internacional, civil, administrativo y penal, y por qué cada ámbito requiere traductores formados en él.
Cómo adquiere carácter oficial una traducción jurada en Italia y qué puede y qué no puede aportar una declaración del propio traductor.
Cuándo basta la apostilla del Convenio de La Haya, cuándo se necesita la legalización y en qué casos las normas de la UE eximen de ambas.
Contratos, estatutos, expedientes de due diligence y operaciones de M&A, documentos judiciales, certificados, testamentos, marcas y mucho más.
Cómo la traducción automática con revisión completa por un especialista jurídico mantiene plazos y coherencia en grandes conjuntos de documentos.
Un proceso certificado ISO 17100, revisión por un segundo lingüista y un tratamiento confidencial de cada archivo.
Asesorías jurídicas internas, despachos de abogados, notarías y directivos de empresas que entran en nuevos mercados, así como particulares que se trasladan o estudian en el extranjero.
Le resultará especialmente útil antes de encargar una traducción que vaya a revisar una autoridad, un tribunal o un registro extranjero, cuando aún no está claro qué tipo de traducción se exige.
Verificado el 10 de noviembre de 2026.
Una traducción jurada lleva un juramento prestado ante un funcionario, lo que le da valor legal en el país donde se jura. Una traducción certificada va acompañada de una declaración del propio traductor sobre su exactitud. Muchas organizaciones aceptan la certificada, pero los tribunales y los registros públicos suelen pedir la jurada, así que conviene consultar primero con el organismo que la recibirá.
Depende de dónde se vaya a utilizar el documento. Entre países firmantes del Convenio de La Haya, normalmente basta con la apostilla; otros países exigen la legalización. Dentro de la UE, el Reglamento (UE) 2016/1191 suprime la apostilla para muchos documentos públicos.
En grandes volúmenes, como los expedientes de due diligence, la traducción automática puede acelerar el primer borrador, pero cada frase necesita una revisión completa por un lingüista especializado en derecho. La terminología debe verificarse con un glosario acordado para que un mismo concepto conserve el mismo término en todos los documentos.
Pregunte a la autoridad, el tribunal o la organización que va a recibir el documento. Son ellos quienes deciden si aceptan una traducción jurada, certificada o simple, y si se requiere apostilla o legalización. Preguntar antes evita pagar dos veces.
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